COMITÉ DE DEFENSA DE LA LIBERTAD DE PRENSA DE HUANUCO
Los que suscriben, ex Diputados de la Nación, expresan su preocupación y enérgica protesta por la forma arbitraria como se ha manejado la CANCELACIÓN DE LOS CONTRATOS DE TRABAJO de los Directores de “PERÚ 21” y de “CUARTO PODER”, programa emitido por el canal AMÉRICA TELEVISIÓN, ambos medios controlados por el grupo editorial de EL COMERCIO:
Sr. AUGUSTO ALVAREZ RODRICH.
Srta. LAURA PUERTAS
Las cancelaciones de los contratos laborales se habrían producido por la publicación de reportajes relativos a los actos de corrupción vinculados a CUATRO LOTES DE EXPLOTACIÓN PETROLERA en el litoral peruano, los cuales fueron negociados por altos funcionarios del actual gobierno.
Esta actitud prepotente e inaceptable, realizada en agravio de los comunicadores sociales, atenta contra los derechos fundamentales de la LIBERTAD de PRENSA y la LIBRE EXPRESIÓN DEL PUEBLO PERUANO. Por cuanto, impiden que el público usuario tengan acceso a los medios de comunicación de su preferente y libre elección.
De esta forma, advertimos que los actos de prepotencia y exceso, por parte de un poder económico, al parecer, directamente relacionado con el gobierno, constituyen una atentado contra el “Estado Constitucional de Derecho” que se encuentra respaldado por los Arts. 3°, 43° y 44° de la Constitución, y abre las puertas a un Estado: absolutista, pretoriano y corrupto.
Huánuco, 18 de Noviembre del 2008.
HECTOR HUERTO MILLA Ex Diputado 1985-90/1990-92
LUCILA SHINSHATO DE SIMAMUKURO Ex Diputado 1990-92
EDMUNDO PANAY LAZO Ex Diputado 1985-1990
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CORRUPCIÓN Y CARENCIA DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN PROBOS
La corrupción es un entramado complejo, en el que se combinan funcionarios públicos y sectores privados, para la búsqueda de beneficios personales en detrimento de la administración honesta de los recursos y bienes del Estado. En teoría, los medios de comunicación constituyen una red privada y pública de entidades intermediarias entre funcionarios, políticos y la sociedad, con el propósito de servir, a través de informaciones, al bienestar público. El Estado, como maquinaria responsable de conducir a la sociedad al pleno desarrollo y al bienestar, debe conservar y fortalecer las instituciones responsables de velar por la correcta administración de las recaudaciones de los ciudadanos, a través de organismos que velen por la transparencia, ya sea auditando eficientemente el uso de los recursos o fijando las normas para evitar la enajenación de los mismos.
La corrupción tiende a ganar espacio cuando las instituciones públicas, del ejecutivo, de la justicia o del congreso, son débiles y cuando las políticas económicas tienden a crear distorsiones en el mercado. La corrupción gana terreno cuando las organizaciones responsables de supervisar y auditar no tienen la fuerza o carecen de la independencia necesaria para proceder contra los corruptos. También cuando los organismos responsables de sancionar, como son el Ministerio Público y la Justicia, carecen de la institucionalidad necesarias. Cuando se dan estas combinaciones, y cuando estos mecanismos no funcionan, los medios de comunicación deberían de asumir un papel protagónico en la denuncia, en la identificación y en la repulsa pública de los corruptos, y de ese modo empujar a los organismos oficiales a poner atención en los personajes e instituciones denunciados.
El protagonismo de los medios debería ser proporcional a la debilidad y fortaleza de las instituciones públicas. Un país con un congreso que cuenta con recursos morales o con una Procuraduría General de la República sin depender políticamente del Ejecutivo o de cualquier otro poder del Estado, no necesitaría de la denuncia pública ni del papel protagónico de los medios de comunicación para señalar y perseguir la corrupción que ha sido identificada como una lacra que extrae los recursos que pudieran ser utilizados para el desarrollo. La persecución ética y moral de los corruptos se ha convertido en una moda y los propios políticos han ido asumiendo el discurso, pero sólo desde la oposición, como recurso de campaña propagandística. Los medios, en su trucado interés por ‘contribuir’ a sanear esa lacra, ofrecen mucha cobertura a los discursos anticorrupción, a las proclamas moralistas, a las generalidades, y muy pocas veces penetran a las particularidades o al examen detenido y minucioso de casos que podrían ser paradigmáticos.
Los medios de comunicación del país aparentan cierta sensibilidad y atención a los casos de corrupción y le dan seguimiento en la medida que los vínculos no disimulados entre el sector financiero y el mundo político se lo permitan. Las pocas denuncias de corrupción procedentes de los organismos oficiales, formulados a través de expedientes documentados con alguna rigurosidad y a través de auditorías, son divulgadas por los medios de comunicación como parte del enfrentamiento entre los partidos políticos y no como expedientes que merecen nuevas indagaciones y aportes desde los propios medios. El hecho mismo de que las denuncias vengan de los organismos oficiales, y de que se den a conocer en momentos especiales, les resta credibilidad e impide el seguimiento con informaciones y reportajes que expliquen el comportamiento y la conducta de los funcionarios cuando se trata de administrar fondos públicos.
A pesar de la acuciosidad puesta de manifiesto en el tratamiento de temas intrascendentes, cuando se trata de la corrupción los medios de comunicación sufren del síndrome de la actualidad, dejando de lado el seguimiento a informaciones, temas, conflictos, problemas y expedientes que su tratamiento actualizado permitiría desenmascar a sujetos y truhanes de la política y la burocracia pública y privada. Casos de extraordinaria importancia, que ocupan tiempo y espacio en los medios electrónicos e impresos, pierden vigencia por los débiles mecanismos de sanción judicial y por el síndrome de actualidad de los medios de comunicación. Por recordar sólo alguno, habría que decir que el caso de Rómulo León, en el primer gobierno de García, es de antología, Los que investigaron ese caso fueron cautelosos y evitaron responsabilizar al ministro de Pesquería. El caso no fue a los tribunales, Rómulo León es hoy el protagonista de otro acto de corrupción. Así como este, hay muchos otros casos escandalosos que la Justicia y los medios de comunicación se encargaron de enterrar en el olvido.
Estos casos demuestran que política, corrupción, y periodismo van de la mano en el país, y que la corrupción de categoría es la que corresponde al mundo de la política, porque lo que ocurre abajo, en las capas bajas de la sociedad, incluyendo a las bases de los partidos políticos, es “el sencillo”. Esa corrupción de las bases carece de interés público y es parte de las migajas del pastel electoral, de la repartición de puestos de trabajo en la administración pública, pero que sirve sólo como sobrevivencia a la militancia. Ni esa corrupción de las bases ni la corrupción de los funcionarios encumbrados, cuentan para las investigaciones policiales. Es tal la aceptación de esa práctica que en la historia de la Policía Nacional nunca se ha generado un expediente de corrupción, descubierto y perseguido por la Policía Nacional. Sencillamente, la Policía no se mete en esas cosas, porque eso corresponde al ámbito político, lleno de permisividades, arreglos, amarres, amistades. He aquí una de las causas de los olvidos de los medios de comunicación: el convencimiento de algunas cosas, por más claras que hayan sido expuestas, no prosperan.
Las denuncias más graves de corrupción en la administración pública surgen, generalmente, cuando varios intereses envueltos chocan. Los medios generalmente se nutren de una de las partes, lo que atenta contra la credibilidad de la información. Es por esta razón que para garantizar una investigación periodística responsable contra la corrupción, sin temores ni favores, es necesario que los periodistas trabajen más a fondo el tema de la propia corrupción periodística, que si bien no es ni será nunca del alcance ni el tamaño de la que se practica entre funcionarios públicos y privados, entre políticos y congresistas, es un elemento de credibilidad importante para el trabajo de los medios de comunicación.
Finalmente, hace falta que los jueces pierdan el miedo a sancionar a los corruptos y a los corruptores que lleguen a sus departamentos o a sus manos, sin importar que sean políticos activos, funcionarios suspendidos o futuros líderes o presidentes. En estos casos hace falta perder el miedo y aportar de ese modo a la sociedad la garantía de que alguien que se ha apropiado de los fondos públicos no vuelva nunca, bajo ningún pretexto, a administrar nada que pertenezca al pueblo.
Kontiki
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